Por: Ceci Camacho
El 18 de marzo, a las diez de la noche y apoyado por su gabinete, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión, Cárdenas del Río dio a conocer el decreto de expropiación de todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a diecisiete compañías petroleras inglesas y estadounidenses que operaban en México.
La expropiación, por causa de utilidad pública, implicó el dominio absoluto del Estado mexicano sobre todos los bienes petroleros en el territorio nacional, además de representar un corte tajante ante supuestos derechos previos a la Constitución de 1917 y a pactos extraoficiales, como los Convenios de Bucareli de 1923 o el régimen que se estableció con la ley callista de 1925 y su reforma de 1928.
Las concesiones a las compañías expropiadas quedaron sin efecto y su operación fue cancelada.
El decreto también reforzó la acción contundente en torno a la propiedad de la nación sobre los productos del subsuelo que se había legislado en el marco del nacionalismo revolucionario.
Al amanecer del 19 de marzo, los trabajadores petroleros tomaron posesión de las instalaciones de las compañías expropiadas y el gobierno expidió otro decreto que determinó la conformación del Consejo Administrativo del Petróleo, con la intención de coordinar la administración temporal de los bienes y las actividades de los consejos establecidos con las secciones sindicales. Vicente Cortés Herrera fue designado gerente general de ese organismo. Igualmente, se instituyó el Fondo de Cooperación Nacional para conformar y reunir, organizadamente, recursos que permitieran el pago de las indemnizaciones a las compañías expropiadas.
